Julián Muñoz ha chocado con la Justicia varias veces a lo largo de su vida. Tras entrar como concejal en Marbella en 1991 de la mano de Jesús Gil, acabó como alcalde de la corporación tras la dimisión del expresidente del Atlético de Madrid por el ‘caso Camisetas’.
En 2002, Muñoz fue nombrado alcalde gracias a la mayoría absoluta del GIL, revalidando su cargo en las elecciones municipales de 2003. Ese año, sin embargo, no sería bueno para él. En junio le embargan el sueldo, acaba cesando a Juan Antonio Roca (gerente de urbanismo durante más de una década y cerebro de la trama corrupta Malaya) y en julio una moción de censura le saca del Ayuntamiento.
Imputado en el ‘caso Proinsa’, en septiembre comenzó el juicio donde el fiscal pidió 18 meses de prisión y ocho de inhabilitación contra él por una licencia de obras en 1999 (él presidía la Comisión de Gobierno que la autorizó). Acabaría condenado a seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para el empleo y cargo público por un delito urbanístico, en el caso ‘Banana Beach’.
Estalla el caso Malaya
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Pero su suerte no mejora y, siete años, después le ponen los grilletes por presunto cohecho y malversación de caudales públicos: el 19 de julio de 2006 Muñoz en la tercera fase de la ‘Operación Malaya‘, la trama de corrupción inmobiliaria e institucional más importante de España hasta la fecha.
Durante el tiempo de prisión preventiva, Muñoz fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los Gobiernos municipales del GIL.
Tras cumplir tres cuartas partes de estas condenas, Muñoz sale en libertad en 2008 tras casi dos años y medio entre rejas. Pero en 2013 le condenan a siete años y medio de cárcel más por prevaricación y absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y el subsidiario o alternativo de fraude. Además, en octubre de 2013 es condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a otros dos años de cárcel por Malaya.
Problemas de salud
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Durante este periodo, su salud se resiente: en los últimos dos años en la cárcel, se vio obligado a visitar el hospital en 29 ocasiones. La propia subdirectora médica de la prisión informó de que el riesgo de muerte de Muñoz a medio plazo es superior al 50% a pesar de la asistencia médica continua. Por ello, se le concede en primer lugar el tercer grado en agosto de 2015. La Audiencia de Málaga anula esta decisión, pero le exime de acudir al juicio del ‘caso Fergocon’.
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El 6 de mayo de 2016 abandonó definitivamente la prisión y pasa a cumplir su tercer grado en el Centro de Inserción Social de Algeciras, situación en la que pasa cinco años. Luego, en 2021, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concede la libertad condicional, pese a que no había cumplido aún las tres cuartas partes de su condena.